El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el abogado Carlos García –integrante del bufete Martínez-Echevarría–. han comparecido en la mañana de hoy ante los medios de comunicación para exponer la situación actual de diversos ámbitos jurídicos relativos al inacabado proyecto del Palacio de Ferias. El de más actualidad a tenor de las circunstancias es el que se desprende de la comunicación emitida por la Junta de Andalucía, con fecha 18 de julio, enviándose una providencia de apremio en la que se requiere al Ayuntamiento el pago de 5,24 millones de euros resultantes de los más de 3 millones de euros requeridos inicialmente por tratarse del importe de la subvención autonómica al Palacio de Ferias y añadiéndole los preceptivos recargos, confirmándose además que se activa con este requerimiento la vía ejecutiva de apremio por la cual podría darse el caso de que se embargaran cuentas o bienes municipales.

Esta situación ha determinado que por parte del Ayuntamiento surja la necesidad de interponer, cuanto antes, el recurso contencioso administrativo con petición de suspensión ante el órgano judicial de este requerimiento de la Junta de Andalucía. Es por ello por lo que en el día de hoy se ha hecho efectivo la interposición de dicho recurso contencioso administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, contra la orden de reintegro de la subvención autonómica, solicitando la suspensión inmediata de la ejecutividad del mismo para que, por parte del Tribunal y a la vista de las alegaciones presentadas por parte del Ayuntamiento y los importantes perjuicios que puede suponer para la ciudad, se paralice la tramitación de la devolución de la subvención solicitada así como los posibles embargos de cuentas o incluso bienes que pudieran derivarse del proceso.

Tanto Barón como García han querido resaltar que se han agotado por parte del Ayuntamiento todas las vías de diálogo posibles para dar una solución administrativa a esta cuestión, interponiéndose el pasado 26 de mayo un requerimiento previo a la primera orden de reintegro emitida por la Junta de Andalucía en marzo que no ha sido contestado por la administración autonómica. En este sentido, los servicios jurídicos del Ayuntamiento que tramitan este caso han incidido en el principio básico por ley de colaboración institucional y también en la obligación de contestación de las administraciones públicas. “No se ha contestado el requerimiento en el plazo preceptivo de un mes, por lo que tendríamos hasta el 26 de septiembre para interponer un recurso contencioso por vía judicial que hemos tenido que adelantar a hoy por la comunicación emitida por la Junta de Andalucía con fecha 18 de julio”, argumenta García, quien deja claro además que tenían instrucciones del Ayuntamiento “de agotar todas las vías de diálogo posible, más aún después del ofrecimiento de aceptar la dación en pago manifestado por un Consejero de la propia Junta de Andalucía en días previos al desarrollo de las elecciones municipales”.
 

Mañana se procederá a la comunicación directa a la Junta de Andalucía la interposición del recurso para pedir expresamente la paralización del requerimiento de apremio para así evitar que los antequeranos y el propio Ayuntamiento sufra algún perjuicio grave en forma de bloqueo de cuentas corrientes o embargo de bienes, situación que estimamos podría suponer la paralización de los servicios básicos durante seis meses afectando directamente al pago de nóminas y abono de facturas de todo tipo.

Con este nuevo panorama se espera que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelva el próximo mes de septiembre en lo que respecta a la adecuación o no del requerimiento de reintegro de la subvención autonómica, por lo que paralelamente se prosiguen las negociaciones administrativas que pretenden conseguir la dación en pago del inmueble actual para anular dicha reclamación así como de la otra demanda interpuesta en la Fiscalía contra la empresa redactora de un proyecto en el que se invirtieron hasta el año 2010 14 millones de euros y para el que a día de hoy harían falta otros 7 millones de euros para poner en funcionamiento.

El alcalde Manolo Barón ha confirmado que el único objetivo que persigue el Ayuntamiento es “garantizar y defender los intereses de nuestros vecinos”, emplazando de nuevo a la concesión de una reunión con la Presidenta de la Junta de Andalucía –aún no concedida desde hace más de tres años– para, a través del diálogo, llegar a una solución que beneficie a todas las partes implicadas.