Concejal Delegado: Francisco Alberto Arana Escalante
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Todos somos consumidores a lo largo de nuestra vida, sin embargo, solo en los tiempos más recientes, los artículos y servicios que nos ofrecen, alcanzan un alto número y una amplia variedad. Ello tiene su lado positivo, en tanto disponemos ahora de mayor libertad para elegir. Pero también ofrece aspectos negativos, en cuanto el consumidor ha de ser defendido de mayores posibles abusos, riesgos, fraudes e irregularidades.
La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, aprobada el 24 de julio del 1984, es un marco legal que favorece el movimiento asociativo de los mismos y establece los principios y criterios que habrán de seguir todos los poderes públicos en materia de defensa del consumidor. Se hace vivo, así, un derecho básico en una sociedad democrática. Es decir Uds. como consumidores o usuarios están en condiciones de mayor libertad, seguridad, información y, en suma, mejor calidad de vida.
Ciertamente, la defensa del consumidor es tarea que corresponde principalmente al Estado. Pero no puede reducirse sólo al Estado. Le corresponde, también al propio ciudadano consumidor. De entrada, poca o ninguna utilidad, y por consiguiente, ninguna eficacia, tendrá la Ley si el ciudadano no ejerce en la práctica sus derechos. La importancia de la Administración Municipal en materia de Consumo es fundamental, ya que el Municipio es precisamente la Entidad Pública más cercana al ciudadano. En el ejercicio de esta competencia se crea la O.M.I.C.
La Oficina de Información al Consumidor y Usuarios de titularidad pública, es un órgano de información y asesoramiento de los consumidores en el ámbito de la Comunidad Autónoma. El consumidor que se considere perjudicado en sus intereses pueda acudir a esta oficina para solicitar información y asesoramiento o para presentar la Hoja de Reclamaciones.